El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que exige al Gobierno un seguimiento exhaustivo del expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la empresa Majorel y reforzar la protección a los trabajadores del sector.
La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responde a la preocupación generada por el nuevo proceso de ajuste laboral anunciado por la compañía, que prevé la salida de 239 personas trabajadoras en todo el país.
Este impacto, según se recoge en la PNL, resulta especialmente grave en Salamanca, donde se concentran 169 de los empleos afectados. Por ello, el GPP alerta de que este proceso puede tener consecuencias sociales severas en la provincia por su impacto social y territorial, ya que presenta un mercado laboral menos dinámico que otros grandes núcleos urbanos.
Además, según señalan los populares, el perfil de la plantilla incrementa la preocupación por las dificultades de recolocación. Se trata, mayoritariamente, de mujeres de entre 35 y 55 años, con cargas familiares, con una antigüedad media de 15 a 20 años y experiencia profesional muy especializada en el sector.
A esta situación se suman los despidos individuales producidos el pasado año, muchos de los cuales terminaron siendo reconocidos como improcedentes en fase de mediación.
El PP advierte también de los riesgos estructurales que afronta el sector, derivados de la automatización, la autogestión digital por parte de clientes y la eventual deslocalización de servicios a terceros países con menores costes laborales y marcos regulatorios menos exigentes.
Ante esta situación, la PNL registrada en el Congreso insta al Gobierno a reforzar la vigilancia institucional sobre el expediente para garantizar que las causas alegadas por la empresa se ajusten a la legalidad y que se protejan al máximo los derechos de los trabajadores afectados.
En concreto, la iniciativa propone que el Ejecutivo vele por la efectividad del periodo de consultas del ERE, realizando las advertencias y recomendaciones que proceda, además de actuaciones de mediación, si así lo solicitan las partes, para contribuir así a la búsqueda de soluciones acordadas y que reduzcan el impacto sobre el empleo.
También se incluye la realización, a petición de cualquiera de las partes, funciones de asistencia, particularmente propuestas y recomendaciones sobre las medidas sociales de acompañamiento (recolocaciones internas, movilidades, modificaciones de condiciones de trabajo, acciones de formación y reciclaje, etc.) y, en su caso, sobre el contenido e implantación del plan de recolocación externa.
En tercer lugar, desde el PP se solicita que se impulse la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los centros afectados por el expediente, a fin de comprobar que los extremos de la comunicación y el desarrollo del periodo de consultas se pronuncie sobre la concurrencia de las causas productivas y organizativas alegadas por la empresa y, constate que la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir.
Asimismo, en el PNL se incluye el diseño, en coordinación con las comunidades autónomas y los servicios públicos de empleo, un plan específico de acompañamiento, recualificación y recolocación para las personas afectadas por este expediente, con especial atención a los colectivos de mayor edad, a las mujeres y a los territorios con mayores dificultades de absorción laboral, como Salamanca.
Finalmente, se pretende que se mantenga la colaboración y coordinación -a través de una Comisión de seguimiento- con las administraciones territoriales y con los agentes sociales para apoyar a las personas afectadas y minimizar el impacto económico y social de este proceso».
Por todo ello, desde el PP concluyen asegurando que, ante procesos de reestructuración empresarial de esta magnitud, es imprescindible que las instituciones actúen con responsabilidad para garantizar la legalidad de los procedimientos y ofrecer alternativas reales a las personas trabajadoras afectadas.
