El Partido Popular ha presentado en el Senado una Ley de Fiscalidad Agraria para reducir el “infierno fiscal” que sufren los agricultores y ganaderos y que supondrá un beneficio fiscal de 7 millones de euros para los más de 7.300 agricultores y ganaderos de la provincia de Salamanca. Así lo han señalado hoy los senadores populares por la provincia, Bienvenido de Arriba, Esther del Brío y Gonzalo Robles, que han asegurado que esta ley es una medida “necesaria” porque “el Gobierno de Sánchez se ha convertido en el principal enemigo del campo español”.
Durante su intervención, los senadores salmantinos han asegurado que el PP “es el partido del campo”. Así, han señalado que es necesario atender las demandas del sector para garantizar la continuidad de las explotaciones y la producción de alimentos en España. Por ello, junto a propuestas como la reformulación del plan de fitosanitarios, el control del lobo por encima del Duero, la rebaja del IVA de los alimentos, la doble tarifa eléctrica, o la facilidad para la contratación de trabajadores temporales, el PP ha presentado esta medida con el fin de reducir el “infierno” que padece el sector agrario.
“El sector está sometido a una fuerte presión fiscal que se ha incrementado en casi dos puntos como consecuencia directa de las actuaciones y medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez”, han señalado.
Así, para amortiguar esta presión, el PP ha presentado esta Ley que contempla ampliar el umbral que permite a agricultores y ganaderos mantenerse en el régimen especial de tributación de los 250.000 euros actuales de ingresos a 325.000 euros y, también, elevar el umbral de gastos de 150.000 a 250.000 euros para facilitar la aplicación del método de estimación objetiva en el IRPF.
Asimismo, introduce una mayor flexibilidad en la forma de calcular el umbral de facturación, de tal forma que el agricultor pueda elegir si se considera el resultado del último ejercicio o la media de los tres últimos ejercicios. Además, esta Ley de Fiscalidad Agraria establece que, para paliar el impacto de factores adversos y el incremento de los costes de producción y de los insumos, las ayudas directas que reciban los agricultores y ganaderos queden exentas de tributación en la declaración de la renta y no se computen en la base imponible del Impuesto de sociedades.
Junto a ello, fija un plazo de 6 meses para analizar las trabas administrativas a eliminar para aumentar la productividad y la competitividad del sector primario con el objetivo de simplificar la burocracia, e incluye otras propuestas como el incremento de los porcentajes de compensación por el IVA soportado y repercutido buscando mejorar la rentabilidad de los profesionales del sector; la deducción compensación íntegra del IVA sobre el exceso de inversión en maquinaria o medios de explotación de los tres últimos años para fomentar la modernización y competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas; la deducción por seguro agrario; y el aumento a los 3000 euros la cantidad de los gastos de difícil justificación por su escaso valor.
“Presentamos una ley del campo y para el campo”, han remarcado los senadores del Partido Popular, quienes además han asegurado que el sector agroganadero es “prioritario y estratégico y se encuentra en una situación insostenible”. “Ayudar a nuestros agricultores y ganaderos es contribuir al futuro de Salamanca, al futuro de Castilla y León y al de España”, han añadido durante su intervención.
En este sentido han asegurado que “España necesita un Gobierno que gobierne y que atienda al interés general y al bien común y no que solo esté al servicio de una ambición personal y que solo se dedique a desguazar nuestro país y a tapar los casos de corrupción que acechan a su entorno, al entorno del partido socialista y al de la familia del Presidente Sánchez por continuar un día más en el poder”.
“Frente a la parálisis del Gobierno, desde el Grupo Parlamentario del PP en el Senado hemos promovido ya 18 leyes que han sido aprobadas por la Cámara Alta y que están paralizadas en el Congreso de los Diputados”, han añadido antes de reclamar respeto a la legitimidad de la mayoría parlamentaria.
