Los procuradores populares quieren denunciar la “nefasta gestión que el Gobierno de la Nación esta llevando a cabo con el Ingreso Mínimo Vital”. Esta medida, anunciada como “el mayor avance en derechos sociales”, ha supuesto un fracaso en la gestión ya que esta prestación solo se ha concedido a menos del 1% de las personas que la han solicitado a nivel nacional, una situación que se produce cuando más ayuda y apoyo necesitan los colectivos vulnerables.

En Castilla y León, según los parlamentarios, un número significativo de familias que ahora perciben el Ingreso Mínimo Vital han visto disminuidos sus ingresos respecto al importe que venían recibiendo por la Renta Garantizada de Ciudadanía, gestionado por la Junta de Castilla y León. Desde que se aprobo el Ingreso Mínimo Vital a hoy se ha reconocido la prestacion a 1.655 personas que cobraban la Renta Garantizada de Ciudadanía, y de ellas, un 33% (548 personas) perciben menos cuantía Ingreso Mínimo Vital por renta. Los que cobran un IMV inferior, de media están percibiendo un importe de 244,16 € del Gobierno de España, mientras que de RGC están cobrando 565 € de la Junta de Castilla y León.  Es decir, un tercio de las personas que antes cobraban la RGC se han visto muy perjudicadas al pasar al IMV, pasando de 565 euros con la Renta, a 244 € con el IMV. En el caso de Salamanca, son 88 los beneficiarios que cobran una cuantía de Ingreso Mínimo Vital inferior a la que cobraban con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

La RGC de la Junta de Castilla y León ha llegado en julio a 8.598 familias, en ese mismo periodo de tiempo el Gobierno de España ha llegado a 3.700 familias con el IMV (en esta cifra están todas las familias que han cobrado IMV el último mes, independientemente de que se les haya reconocido el derecho a la prestación en junio o en julio). De esas 3.700 familias 1.655 eran perceptoras de RGC, y en un 33% de los casos cobraban más de RGC que lo que cobran de IMV.

Es por eso que, para compensar este desequilibrio económico, se ha iniciado la tramitación de una ley con carácter de urgencia que permita al titular de la renta garantizada de ciudadanía compatibilizar esta prestación con los ingresos del IMV, con el fin de que puedan percibir, como mínimo, el importe que venían percibiendo con la RGC.

Y, mientras se modifica la normativa, la Junta de Castilla y León ha decidido conceder a estas familias una subvención directa por un importe global de 211.371,37 € para seguir cobrando el mismo importe que tenían antes del IMV