Las cortes de Castilla y León han aprobado una norma que da respuesta a las nuevas situaciones surgidas desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital. Una medida “buena” gestionada, a juicio de los procuradores salmantinos “de forma pésima, generando más problemas que soluciones”. Algo que, según los parlamentarios, “ha puesto de manifiesto la incapacidad de gestión del Gobierno Central tal y cómo revelan los datos que apuntan que sólo se ha resulto en Salamanca el 34,51% de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, un total de 2.183”.

Con esta ley, apuntó Rosa Estéban, se resuelve el problema de las personas que percibían una menor cuantía por Ingreso Mínimo Vital que la que percibían o tenían derecho a percibir por Renta Garantizada de Ciudadanía, ya que “va a garantizar que ninguna persona beneficiaria de Ingreso Mínimo Vital reciba una cuantía menor de la que percibía a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía”. En Salamanca la diferencia media entre ambas percepciones es de 180€.

Nada más detectar esta merma de ingresos, y para dar una solución lo más rápida posible a familias que lo estaban pasando mal, la Junta de Castilla y León les concedió una subvención directa por la diferencia entre la RGC que venían percibiendo y el IMV reconocido: durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, una solución provisional por la urgencia de no permitir que las familias más vulnerables vieran reducidos sus ingresos”, pero es necesario reformar la ley para que se solucione el problema de forma permanente y ello se consigue a través de esta Ley”, apuntó la procuradora “Ley que hace compatibles a las RGC y al IMV, ya que antes no lo eran, dotando de carácter complementario a la RGC. De esta forma la Renta podrá complementar la cuantía percibida por IMV siempre que cumplan con el resto de los requisitos exigidos en la normativa reguladora de la prestación de RGC”.

Así, gracias a esta modificación, cuando a una familia se le reconozca el IMV por una cuantía inferior a la que le pudiera corresponder por RGC tendrá derecho a percibir, en concepto de RGC como máximo la diferencia entre la cuantía reconocida en el IMV y la que le pudiera corresponder por RGC en función del número de miembros de la unidad familiar.

“Se pretende -apuntó Rosa Esteban- que ninguna familia sufra una merma de sus ingresos y que ninguna familia con necesidades de subsistencia y con niveles de pobreza extremos sufra ninguna discriminación por el hecho de que convivan dos prestaciones similares como son el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León”. “Esta modificación – continuó- nace de la apuesta de la Junta de Castilla y León por la Renta Garantizada de Ciudadanía como instrumento para garantizar un mínimo de ingresos a aquellas familias que peor lo están pasando y fomentando su incorporación al mercado laboral”

Desde la puesta en marcha de Renta Garantizada de Ciudadanía se ha destinado más de 550 millones de euros llegando incluso a pagar en los años de crisis hasta 79 millones de euros anuales debido a que muchas familias se quedaron sin empleo. Un total de 2.800 personas encontraron trabajo en 2019, 1 de cada 3 receptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía halla empleo.

Mejora de la teleasistencia en la provincia de Salamanca

Los procuradores anunciaron además que la Junta de Castilla y León va a mejorar sustancialmente la atención a las personas más vulnerables a través de la teleasistencia avanzada, un servicio que va a servir para prevenir mejor los riesgos, anticipándose a los problemas y a las emergencias.

Tal y como avanzó Salvador Cruz, “se realizará una atención verdaderamente personalizada, adaptada a sus necesidades, a su situación, con acceso a dispositivos tecnológicos en su domicilio que mejorarán su seguridad y calidad de vida, como sensores de presencia, detectores de humo, de caídas, etc y con una atención proactiva ya que un profesional seguirá de forma continuada su situación y en caso de empeoramiento activará los recursos o prestaciones necesarios”. “Y además la plataforma de teleasistencia está preparada para integrar servicios de carácter sanitario, desde los más sencillos como la posibilidad de gestionar las citas médicas, hasta servicios de telemedicina como el control de constantes, la atención médica a distancia, etc”. Todo ello, por lo tanto, va a permitir a las personas dependientes “vivir mejor, permanecer más tiempo en su hogar de forma segura y adecuada a sus necesidades”. “Y no solamente mejora la atención a las personas vulnerables, mejora también la calidad de vida de sus cuidadores ya que se le prestará apoyo, formación, acceso a respiro, etc.”

Un servicio que será gratuito para las personas dependientes al suprimirse el copago.

En Salamanca el número total de beneficiarios será de 6.241. El esfuerzo inversor de la Junta se duplica alcanzando los 4M€ lo que supondrá un ahorro de 1,7M€ para los usuarios, al eliminar el copago, y un ahorro para las corporaciones locales de 700.000€.