La ocupación ilegal de viviendas se están convirtiendo en un problema para los ciudadanos, que observan con indefensión cómo cada día se incrementa el número de denuncias ante la pasividad de un Gobierno tolerante con la inseguridad y la desprotección que sufren los propietarios.

Ante esta situación el Partido Popular, defensor de los derechos de los propietarios y poseedores de viviendas, ha puesto en marcha una serie de mecanismos para exigir que el Gobierno tome medidas ante el preocupante fenómeno de la ocupación.

Entre estas medidas se encuentran la presentada en las Cortes de Castilla y León; una Proposición no de Ley que exige al Gobierno que tome medidas impulsando una serie de reformas legislativas para mejorar la regulación jurídica de protección de los derechos de los propietarios y legítimos poseedores de viviendas, así como la protección de la convivencia.

Según apuntaron los procuradores salmantinos, estas medidas se hacen cada vez más necesarias “por la amenaza que supone el incremento de viviendas ocupadas un problema al que no somos ajenos ni en Castilla y León ni en Salamanca, tanto en capitales como, cada vez más, en el medio rural”. “Es un problema que afecta a las clases medias, trabajadoras y humildes, que quieren que los políticos, la policía, los jueces y los fiscales, les garanticen su derecho a vivir en paz e invertir sus ahorros en una vivienda”.

Para los procuradores es urgente “plantar cara a los atentados contra el derecho constitucional de la propiedad” y “cada vez más necesario cambiar varias normas y eso es lo que desde el Partido Popular, a través de esta PNL, se le exige al Gobierno”. Desde la PNL se insta a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que implemente medidas contra la ocupación ilegal de viviendas y devolver los inmuebles ocupados; impulsar la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia y, por último, dirigirse al Gobierno de España para mejorar la regulación jurídica de protección de los derechos de los propietarios incluyendo varias modificaciones legislativas.

Plan antiokupación nacional

Los procuradores recordaron también el Plan antiokupación presentado por presidente Casado la pasada semana en el Congreso. Una proposición de ley para recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble con penas de uno a tres años de prisión, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desalojar el inmueble en 12 horas tras la ocupación, que los okupas no se puedan empadronar y que tanto las comunidades de propietarios, como las personas jurídicas, puedan adoptar medidas legales y actuar ante los tribunales.

Desde el Partido Popular se pide consenso político para llegar a un acuerdo que erradique de una vez por todas el problema de la ocupación, que en lo que llevamos de año ha registrado 3.700 casos a nivel nacional, el triple que en 2005 y que haya 40 denuncias al día.